El entorno colectivo de la libertad sindical está en asedio, alertó el licenciado Héctor Barba en el Pleno de la Unión Nacional de Trabajadores, al decir que el decreto de la Junta local de Conciliación y Arbitraje se está tomando como modelo para que todas las Juntas locales y federales atajen el ejercicio de la libertad sindical.
Es la intención de la escalada neoliberal de establecer mayores controles corporativos sobre la clase trabajadora e implantar mecanismos legales de flexibilidad laboral, trabajo precario y nulificar los pocos resquicios existentes sobre libertad sindical y derecho de huelga en México.
El antecedente es que a mediados de noviembre la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal (JLCA) aprobó una lista de “criterios procesales” en la que se imponen requisitos y regulaciones para los emplazamientos a huelga, el registro de nuevos sindicatos y la demanda de titularidad de los contratos colectivos, así como para conceder tomas de nota y realizar recuentos sindicales, entre otros.
De inmediato (el 30 de noviembre) el STUNAM y demás organizaciones de la Unión Nacional de Trabajadores realizaron un mitin frente a las instalaciones de la JLCA, en Río de la Loza, rechazando el documento y enfatizando que tales atribuciones de legislar sólo competen a la Cámara de Diputados.
Según el documento de la JLCA, entre las medidas absurdas del “Decreto” se pide otros requisitos para legalizar nuevos sindicatos. Que los nuevos gremios presenten el testimonio notarial de la empresa en original o copia certificada. Se incrementan los requisitos para los emplazamientos por firma de contratos colectivos, revisión general, salarial o por violaciones, etcétera.
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“La pregunta es, agregó el licenciado Barba, por qué esa posición tan absurda de los gobiernos de izquierda. La respuesta es que estos gobiernos tratan de ejercer el poder por sí solos, sin que exista oposición. Y los sindicatos se oponen a la política neoliberal de abaratamiento de la mano de obra, de la precarización del trabajo, tanto de los ingresos del trabajador como la permanencia en él.”
Armando Altamira G., Unión 963, 1 de febrero de 2012.
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