La Universidad Nacional Autónoma de México en el mes de junio organizó, conjuntamente con el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, la Conferencia Internacional “Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia”.
Se trató de un evento inédito en el cual participaron 88 especialistas que analizaron y discutieron en 18 mesas de trabajo, y cuyas conclusiones dieron origen a un documento final que incluye 36 puntos de análisis y propuestas concretas sobre seguridad y justicia en nuestro país.
Entre las propuestas se establece como prioridad celebrar un pacto político y social, amplio e incluyente, que reoriente a las instituciones encargadas de la seguridad y justicia en nuestro país para enfrentar la crisis de violencia. Se trata de cambiar radicalmente las estrategias de seguridad y basarse en la prevención del delito. También tiene que combatirse la impunidad, aspecto importantísimo para evitar las muertes por inseguridad e impulsar la defensa de los Derechos Humanos.
En el ámbito de la Política Social se propone el diseño de programas para combatir las adicciones de sustancias nocivas, por lo que hay que dar tratamientos a todos los ciudadanos con este problema. Proponen elaborar programas que reconozcan la heterogeneidad de los jóvenes y programas específicos para insertarlos en el sistema educativo.
Asimismo, es prioritario rediseñar políticas de empleo y su estabilidad, así como capacitación para los trabajadores y ofrecer estímulos fiscales y empresariales que apoyen a la economía nacional.
Se propone una rendición de cuentas totalmente transparente, al alcance de todos los ciudadanos, con la respectiva integración del Consejo Nacional de Seguridad Pública y la Auditoria Civil de las Policías. La lucha en contra de la corrupción y la impunidad debe ser permanente y contundente. Referente al Ejército, éste debe dejar de cumplir labores de seguridad pública.
Editorial, Union 946, 24 de agosto de 2011.
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